por Eugenio Weigend Vargas
nexos, 17 de enero de 2021
Ilustración: Estelí Meza
En agosto de este año, el gobierno de México demandó a diez compañías productoras de armas y a una armería comercial en Estados Unidos por prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas a México. Como parte de este esfuerzo para reducir el tráfico de armas al país, el gobierno mexicano introdujo la resolución 2616 en las Naciones Unidas, la cual fue aprobada este mes por el Consejo de Seguridad. Esta resolución para combatir el tráfico de armas será vinculante para los países miembros y contiene ocho puntos entre los que destacan: asegurar el monitoreo y rastreo de armas, mayores controles fronterizos y la autorregulación de las empresas privadas.
¿Por qué tanto interés en el tema? Como lo ha mencionado el canciller Marcelo Ebrard, es casi imposible disminuir la violencia en al país si no se atiende primero el flujo ilegal de armas a México, principalmente de Estados Unidos. Cifras conservadoras estiman que cada año entre 2010 y 2012 se vendieron cerca de 213 000 armas en Estados Unidos para ser traficadas a México; entre ellas, armas de asalto como rifles AR-15 y Barret 50, estos últimos capaces de derribar helicópteros. En este sentido, estudios han demostrado la asociación entre la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos a partir de 2004 y el aumento de la violencia en México.
Las consecuencias de este comercio ilegal han sido devastadoras. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios aumentaron de 11 658 en 2004 (año en el que todavía se prohibía la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos) a 28 830 en 2020.1 Aquí las armas jugaron un papel fundamental. Mientras que el porcentaje de homicidios perpetrados con una de ellas en 2004 fue de 25 %, en 2020 el aumento fue tan significativo que representó 70 % del total.
Los efectos negativos van más allá de los homicidios. Se estima que entre 2013 y 2019, cerca de 150 000 personas recibieron disparos de bala durante un delito, sufriendo heridas no letales. Las heridas con armas de fuego tienen un mayor impacto en comparación a lesiones con otro tipo de armas. En el corto plazo, las heridas son complejas y, por ejemplo, requieren mayores transfusiones de sangre. En el largo plazo, sus repercusiones se padecen tanto física como psicológicamente.
El uso de armas de fuego para amenazar o intimidar también es alarmante. De acuerdo con cifras de la ENVIPE 2014-2020, cada día ocurren cerca de 13 700 robos y otros 1600 delitos (secuestros, amenazas, extorsiones) a mano armada. En este aspecto, estudios han demostrado que el uso de armas de fuego en la comisión de delitos (incluso si no se acciona) tiene repercusiones importantes en la salud mental y física de las víctimas.
El flujo de armas de fuego y su proliferación en la comisión de delitos también influye para que cierta parte de la población decida armarse. Un análisis estimó que 1.9 millones de hogares en México (5.5 % del total) adquirieron uno de estos dispositivos entre 2013 y 2018, y que aquellos que fueron víctima de un delito a mano armada eran más propensos a adquirir armas de fuego. El porcentaje de hogares que adquirieron un arma sigue siendo bajo, pero preocupan las posibles repercusiones en salud pública. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene evidencia que indica que su presencia en los hogares no sólo no reduce los delitos, sino que está relacionada directamente con suicidios y accidentes letales en el hogar. Otra preocupación es el surgimiento de un ciclo armamentista en donde, al haber más armas en los hogares, los grupos criminales adquieran armas de mayo calibre o modifiquen su modus operandi para volverse más violentos.
Finalmente, es importante resaltar que el tráfico de armas desde Estados Unidos va más allá de México e impacta a toda la región. Se estima que entre 2015 y 2020 al menos 6000 armas de fuego estadunidenses fueron recuperadas en países del Caribe. Durante el mismo periodo, cerca de 13 000 armas de fuego de aquel país se recuperaron en naciones de América Central, principalmente Guatemala, Honduras, y El Salvador. Por otra parte, entre 2015 y 2020, alrededor de 11 000 armas de fuego originarias de Estados Unidos fueron recuperadas en Canadá, incluidas aquellas utilizadas en el tiroteo masivo más mortífero de ese país.
Las repercusiones del tráfico de armas alcanzan la salud pública, la economía, y la seguridad de México, y de la región de América Latina y el Caribe. El gobierno mexicano ha tomado pasos acertados para colocar este problema en la agenda bilateral con Estados Unidos, y en la agenda de seguridad global. La tarea pendiente es involucrar a los demás actores relevantes para que la lucha sea transversal, como las secretarías de Salud, Economía y Seguridad Pública, para que el compromiso no sea solamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El papel que pueden jugar los diferentes sectores de gobierno, los gobiernos locales, los organismos de la sociedad civil y las universidades, puede ser decisivo para que el combate al tráfico de armas y sus repercusiones sea exitoso.
Eugenio Weigend Vargas
Director de investigación en Center for American Progress
1 Las metodologías para capturar información varían entre 2004 y 2020. Sin embargo, estas variaciones no afectan significativamente el análisis.
