para empezar a atender la violencia armada en México
Martínez Téllez Montserrat
24-0 México, Ciudad de México
Publicado por Gobierno Abierto y Transparencia
México se encuentra en una curva de ascenso con respecto del número de homicidios que se generan, particularmente, bajo una dinámica de uso de armas de fuego. Si bien se han generado indicadores que nos permiten notar la vigencia de este fenómeno, éstos no se encuentran articulados entre sí, de tal manera que permitan generar una “fotografía” completa de cuáles son las circunstancias que se van acentuando con más urgencia y cómo se debe empezar a acotar el problema. Este artículo busca enfatizar la pertinencia de adoptar un enfoque de género transversal que permita trazar una ruta para atender de manera más comprehensiva la violencia armada en México.
En las ediciones anteriores de En clave de género, Ximena Andión y Ana Ruiz nos comparten que el compromiso “Gobierno Abierto Feminista” (FOGO por sus siglas en inglés) por parte de la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto implica trabajar por transversalizar la perspectiva de género, de tal manera que se produzcan “políticas y acciones de carácter transformador” [[i]].
Con este compromiso en mente, uno de los temas que resulta urgente atender es el de la violencia en nuestras sociedades, particularmente la relacionada con el uso de armas de fuego, para comprender cómo ésta, combinada con la normalización de la violencia de género, termina por desembocar en su expresión más brutal, como los feminicidios.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el año 2018, al menos 3,529 mujeres fueron asesinadas en la región por razones de género [[ii]]. Respecto de estas cifras, se destaca que solo se acopian los registros sobre feminicidios, subrayando que en muchos países aún no hay una tipificación específica para esta clase de crimen, y que en la forma en la que se han resuelto los casos, no se utiliza la determinación de feminicidio, aunque exista en sus legislaciones [[iii]].
Lo anterior resalta dos cuestiones para nuestra región: una, el aumento de este tipo de episodios, en los que se asesina a una persona por razones de género –a ello hay que sumar el conteo que no se está haciendo de población trans que está siendo violentada y cuyo asesinato no está determinado por motivo de su género, como lo son los crímenes de odio o feminicidio-; y dos, se evidencia la falta de acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas y sus familiares.
A estas cuestiones, hay que sumarle las circunstancias del contexto latinoamericano, en donde el fenómeno de la violencia armada se ha acentuado en los últimos años, llegando a considerarse la región más violenta del mundo por el número de homicidios por armas de fuego [[iv]] que se cometen, y a pesar de no encontrarse en una situación de enfrentamiento abierto entre Estados. Esta situación permite plantear que una de las causas en el aumento del uso de armas de fuego es la proliferación de las mismas entre la población civil al interior de los países de la región [[v]].
Las cifras en México son un buen ejemplo de estas observaciones. En “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México” [[vi]], trabajo que va desagregando los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se señala cómo el número de homicidios cometidos con arma de fuego han aumentado de 2007 a 2018, teniendo un crecimiento de 311% cuando las víctimas fueron hombres y de 357% cuando las víctimas fueron mujeres [[vii]]. Sin embargo, las cifras sobre el número de feminicidios y el número de mujeres por homicidio registrados difieren de acuerdo con la fuente que se consulte, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quién recoge información de las fiscalías estatales y de la nacional a partir de las carpetas de investigación que se han iniciado, es distinta de los datos recolectados por el INEGI con base en las actas de defunción –por ejemplo, para 2018 el SESNSP nos muestra que cuenta con un registro de 834 delitos de feminicidio en el año, 2,746 homicidios dolosos de mujeres y 3192 homicidios culposos de mujeres [[viii]]; mientras que el INEGI nos señala que hubieron 3752 homicidios dolosos de mujeres en el país [[ix]]-, evidenciando así la cuestión sobre el acceso efectivo y la administración de justicia, ya que depende de la denuncia de la(s) víctima(s), la investigación que el Ministerio Público dirija –así como de la recopilación y presentación de evidencia- y la determinación del juzgador sobre lo sucedido –lo cual varía dependiendo de la tipificación del delito en la jurisdicción en la que se está llevando el proceso, además de los argumentos que se expongan por las partes y de la reflexión que haga de las mismas el juez-, con la finalidad de que se llegue a concluir que fue feminicidio y se registre como tal.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indica que de los 2,833 casos de mujeres que fueron asesinadas en nuestro país, solo el 25.6% está siendo investigado como feminicidios, mientras que el resto de los 2,107 casos, son tratados como homicidios dolosos [[x]].
Es entonces que la creación, promoción y fortalecimiento de indicadores juega un papel fundamental para determinar parámetros sobre ¿dónde estamos parados? y ¿hacia dónde vamos? El uso de herramientas como las que conforman el sistema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sotenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas [[xi]], podría ayudarnos a saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Para ello, hay que tener en cuenta que el propósito de ir acotando los ODS debe ser impulsar el desarrollo sostenible de las sociedades, y qué éste debe darse de manera articulada y no en una especie de lista a la que se le asigne el campo de “cumplido” o “no cumplido”. Es decir, los ODS establecen acciones que ayudarán, de manera programática, a garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en sus países, por lo que no se puede lograr un objetivo de manera aislada sin repercutir en otro; por ejemplo, la igualdad de género, sin que se busque la reducción de los homicidios de mujeres en el país, así como fortalecer los sistemas de justicia del país, como medida preventiva que desincentive que se asesine a más personas.
Así, para el tema que nos atañe, que es la violencia armada, sus consecuencias y las lógicas que la sostienen, el objetivo 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 5, relativo a la consecución de la igualdad de género, resultan pertinentes de acuerdo con las líneas de trabajo que estamos estableciendo: 1) el aumento en el número de homicidios, el cual debe ir desagregado por género –aunque actualmente el registro de personas asesinadas es binario, es decir, sólo hace referencia a hombres y mujeres y no a población que no se identifica con estas definiciones, lo que las pone en condiciones de vulnerabilidad, puesto que lo que ocurre con su seguridad se da por descontado al no haber registro sobre qué les sucede-; 2) que al momento de acceder al sistema de justicia, no se determina que los homicidios hayan sido generados por motivos del género de la víctima –en el caso de los crímenes de odio o de feminicidios-, generando que se invisibilicen los alcances del problema; y 3) en cada uno de estos episodios de asesinatos, es cada vez más recurrente el uso de armas de fuego, por lo que deberá trabajarse en limitar la disponibilidad de ellas –en esta primera etapa, sin ahondar en el uso de equipo armado en espacios públicos y privados-.
Nuestra propuesta es articular la meta 16.1 que habla sobre la reducción significativa de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, con la meta 16.3 que implica promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, la 16.4 relativa a la reducción de las corrientes financieras y de armas ilícitas [[xii]] –y la 16.4.2 que busca dar información son la proporción de armas pequeñas y ligeras incautadas que se registran y localizan- [[xiii]]. Mientras, estas cuatro metas guardan relación directa con la consecución de la meta 5.2, que se compromete a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, condición que implica la disminución de la tasa de mortalidad por razón del género, el acceso efectivo a la justicia –cuestión que no se encuentra desagregada en razón del género-, así como la reducción de las corrientes de armas, que puedan volverse de adquisición ilícita, pero más importante, que generen la muerte de personas.
A este último respecto, la identificación de las armas de fuego se vuelve relevante en los procesos de impartición de justicia ya que, en el Informe Policial Homologado, el primer respondiente hace una primera descripción del arma que se encuentra en el lugar de los hechos; posteriormente, durante la cadena de custodia se hace una segunda descripción y, finalmente, una tercera persona emite un dictamen a partir de la examinación por parte de un perito balístico. La situación se ve reforzada al momento de que el perito establece la huella balística [[xiv]] del proyectil disparado, cuando se intenta establecer la identidad del arma accionada. ¿Qué sucede al momento de elaborar un caso? Que el arma descrita en cada una de las etapas, difiere y, por tanto, no se puede determinar responsabilidad al acusado con respecto de ella, ya que no se tiene certeza de cuál es la herramienta que se utilizó para cometer el homicidio o causar lesiones – puesto que las incongruencias generan que se deseche la evidencia-, entorpeciendo entonces el proceso de impartición de justicia para las víctimas, por falta de capacidades.
Por lo tanto, la información que se tiene en los registros de las fiscalías, que a la vez se transmiten a los datos nacionales, tiene inconsistencia y tanto para efectos de la atención de la problemática del desvío, robo, pérdida o extravío de armas –es decir, del ciclo de vida que tiene un arma y esclarecer su procedencia-, como para conocer la disponibilidad de las mismas y la frecuencia con la que se está usando el artefacto, resulta deficiente.
Otra de las áreas de oportunidad a analizar, son el resto de actos de violencia que se pueden ejercer a las mujeres al encontrarse un arma involucrada, aunque esto no desencadene en su homicidio. Estamos hablando de los delitos sexuales, tanto por particulares como por parte de autoridades, que pudieron ocurrir amedrentando a las víctimas con armas de fuego, ¿en cuántos de estos casos se aprovechó de la condición de autoridad del agresor para someter a la víctima y cometer violencia sexual?, ¿cuántos de estos delitos que se tienen registrados ocurrieron durante el ejercicio de las labores de la autoridad? – como el caso de la joven violentada en Azcapotzalco en agosto de este año [[xv]]-, o, ¿cuántos de estos eventos ocurrieron cuando las autoridades estaban fuera de su horario laboral? Y, aun así, contaban con un arma de fuego que facilitó la agresión, ya sea a sus parejas, a trabajadores y trabajadoras sexuales, o algún civil.
No se puede atender algo que no se nombra, porque al no mencionarlo ocasiona que se desconozca. Por lo anterior, es importante empezar a generar registros de información pública confiable que reflejen la realidad a la que nos enfrentamos: el alza en la tasa de homicidios, el aumento dramático de la tasa sobre el número de mujeres que son víctimas de homicidios dolosos, la población no binaria que está siendo víctima de homicidios dolosos, el uso cada vez más recurrente de armas de fuego en cualquiera de los episodios de homicidio registrados –lo que requiere conocer cuál es el tipo de ellas que más está siendo utilizado, si su procedencia es legal o ilegal, si su manufactura es artesanal y se realiza dentro del país, todo lo anterior para determinar cuáles son los canales que están favoreciendo su disponibilidad entre el grueso de la población civil- , la falta de acceso a la justicia por motivos de discriminación por género desde que una persona intenta interponer una denuncia. Mientras no se hable sobre lo que está sucediendo el problema permanecerá, ya que será imposible construir diagnósticos y mecanismos que permitan ocuparse de ello.
No estamos hablando de producir más leyes o de endurecer las sanciones, estamos hablando de generar una comprensión de cómo ir acotando el fenómeno de la violencia armada y por qué es importante que contenga una perspectiva transversal de género. Para ello, es importante hacer uso de mecanismos de colaboración entre sociedad civil y el Estado, que nos permitan detectar los puntos ciegos en la atención de problemas que se van agravando cada vez más en nuestra sociedad.
Un ejemplo de estas prácticas en la región, lo podemos encontrar en la modificaciones a la Ley 11.340/2006, conocida como Lei Maria da Penha aprobada en octubre de 2019 en Brasil – misma que fue propuesta por parte de la sociedad civil brasileña- por medio de la cual se cruza la base de datos de registros de agresores de mujeres, con la de personas que tienen permiso de portar o poseer armas de fuego, por lo que, en caso de coincidir el nombre de la persona, se procederá a incautar inmediata el arma [[xvi]].
El uso de herramientas como la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas, favorece divisar con claridad cuáles son las líneas bajo las cuales se están acotando las mismas, con el fin de poder cruzar la información disponible y no sólo llenar bases de datos, sino poder reconocer las áreas de oportunidad de contar con dichos datos que ya se están produciendo, de tal manera que ayuden a prevenir la muerte de más personas en el país y detener el incremento aparatoso de la violencia extrema hacia las mujeres, como lo es el feminicidio.
[i] Ximena Andión Ibáñez y Ana Joaquina Ruiz, “Un gobierno abierto que toma en cuenta el género”, en Clave de Género, Gobierno Abierto y Transparencia, INAI, disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?p=5889.
[ii] CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, “Feminicidio”, disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
[iii] Noticias ONU, “Más de 3500 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe en 2018”, 25 de noviembre de 2019, disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/11/1465831
[iv] Véase World Economic Forum “Latin America is the world’s most dangerous region. But there are signs it is turning a corner”, por Robert Muggah, Ilona Szabó de Carvalho y Katherine Aguirre, Instituto Igarapé, disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2018/03/latin-america-is-the-worlds-most-dangerous-region-but-there-are-signs-its-turning-a-corner/
[v] Sarah Masters, en “The Arms Trade Treaty: Why Women?”, salta a la siguiente conclusión: “Para ponerlo de manera simple, no sería posible violar mujeres enfrente de sus comunidades y familias en tan amplia escala, entre los múltiples conflictos que hay en el mundo, sino hubiera una alta disponibilidad de armas pequeñas y ligeras.” [traducción propia]. Véase en Open Democracy, “The Arms Trade Treaty: why women?”, por Sarah Masters, IANSA, 19 mayo 2011, disponible en: https://www.opendemocracy.net/sarah-masters/arms-trade-treaty-why-women
[vi] Data Cívica-Derechos Sexuales y Reproductivos CIDE, Claves para entender y prevenir los asesinatos de muejres en México, Data Cíviva/Open Society Foundations/CIDE, 2019, disponible en: http://datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf
[vii] Estefanía Vela, “Las armas con las que se matan a las mujeres”, en Animal Político, 25 de noviembre de 2019, disponible en: https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/
[viii] SESNSP, Información sobre violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), Centro Nacional de Información, México, 31 de diciembre de 2018, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf
[ix] INEGI, “Mortalidad, Conjunto de datos: Defunciones por homicidios, año de registro 2018”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=
[x] Animal Político, “Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como feminicidios”, , 25 de noviembre de 2019, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/
[xi] La Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo, con 169 metas a alcanzar y 232 indicadores. Véase ONU, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Una Oportunidad oara América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, enero 2018, disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/18/S1700334_es.pdf
[xii] ONU, Anexo: Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/71/313, Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, p. 19, disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
[xiii] Notar que hasta el año 2018, este indicador es categoría Tier III- aunque actualmente está en evolución-, lo que quiere decir que la recolección de información relevante para que pueda producirse de manera homogénea es complicada. Véase CEPEI, Indicadores para la medición de los ODS, ¿en qué punto nos encontramos?, CEPEI, Bogotá Colombia, julio 2015, p. 3, disponible en: http://cepei.org/wp-content/uploads/2015/08/indicadores_para_la_medicio%CC%81n_de_los_ods-1.pdf; CEPAL, Seminario Regional: Diferenciando el uso de los Registros Administrativos con fines estadísticos para el seguimiento de la Agenda 2030, Herramienta CEA-CEPAL, División de Estadísticas-CEPAL, “Diagnóstico Regional de capacidades estadísticas nacionales para la producción de indicadores de la Agenda 2030 (ODS)”, disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/2017-10-sem-ra-cepal-cmoris.pdf
[xiv] Desde el año 2012, en la sesión XXXIII del Consejo Nacional de Seguridad Pública explica claramente la pertinencia de la identificación de la huella balística, con el fin de que se establezca “una correspondencia entre un elemento balístico y un arma, para construir una prueba científica”. Revisar SNSP-Secretariado Ejecutivo, “Acuerdo para consolidar la base de datos de huella balística de las armas asignadas a las instituciones de seguridad pública, prevista en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer las investigaciones ministeriales tanto del fuero común, como del federal”, XXXIII Sesión Consejo Nacional de Seguridad Pública, SEGOB, agosto 2012, disponible en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1065/1/images/8_-Acuerdo_para_consolidar_la_base_de_datos_de_huella_balistica_de_las_armas_asignadas_a_las_instituciones_de_seguridad.pdf
[xv] Gerardo Jiménez, “Policías someten y violan a menor en Azcapotzalco”, en Excélsior, 6 de agosto de 2019, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/policias-someten-y-violan-a-menor-en-azcapotzalco/1328672
[xvi] [Traducción propia] Revisar Joel Silva, “Lei Maria da Penha: particularidades e atualizações”, en CERS, 09 de octubre 2019, disponible en: https://noticias.cers.com.br/noticia/lei-maria-da-penha/
