Demanda contra fabricantes de armas ‘es un primer paso’
POR BERNHARD BUNTRU
La demanda del gobierno mexicano a 11 compañías fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos por su presunta negligencia en los controles de sus productos, los cuales habrían resultado en decenas de miles de muertes en México en los últimos tiempos, causó polémica en ambos lados de la frontera.
Y mientras que algunos acusan oportunismo político de parte del gobierno mexicano, otros ven una posible oportunidad de cambio
En entrevista con Código Magenta, John Lindsay-Poland de la organización estadounidense Stop Us Arms to Mexico, la cual busca contribuir a la reducción de las ventas y del tráfico de armas a México, comentó que, más allá de los efectos legales que pudiera tener la demanda en particular, la medida pudiera tener un valor simbólico.
“Es un primer paso -diría yo-porque pone el dedo más allá en el trayecto de las armas desde la producción hasta el mercado, hasta la frontera, hasta su uso en México”, expresó. “Es muy importante señalar que las empresas de armas están sacando ganancias del tráfico ilícito de armas hacia México y ellos saben eso”.
Por eso, señaló el activista, es muy importante controlar su producción y comercialización desde Estados Unidos. Porque, como la historia lo demuestra -señaló- controlar su tráfico solo en la frontera ha probado un reto imposible.
“Hemos visto en la ‘Guerra contra las drogas que intentar cumplir con la ley y agarrar, confiscar todo el contrabando en la frontera es una estrategia fallida”, puntualizó.
“Igualmente con las armas, tenemos que ir más arriba en el flujo de esas armas, porque son armas que son diseñadas -muchas- para uso militar. Son diseñadas para México, en muchos casos”.
De acuerdo con Lindsay-Poland, un litigio estratégico exitoso por parte del gobierno mexicano en Estados Unidos, podría alcanzar un objetivo importante.
“Podría servir para exponer las prácticas internas de las empresas de armas, de cómo ellos están calculando sus propias ganancias en el mercado ilícito”, dijo.
“Y esa parte del proceso legal, que se llama descubrimiento, donde se sacan los documentos en las empresas, es muy importante no solamente para México sino también para el movimiento de prevención de violencia con armas de fuego acá en Estados Unidos”.
Más allá de lo jurídico -aseguró- la controversial demanda es al mismo tiempo un acto de presión política.
“Aparte de los aspectos jurídicos de la demanda, pone presión en la administración de Biden y el Congreso de Estados Unidos para dar reglamentos a ese mercado que también hace mucho daño dentro de Estados Unidos, pero muchas veces no cuenta en el cálculo de la política interna de Estados Unidos”, explicó. “No cuenta el daño que hace ese mercado en México”.
Y ante los señalamientos en México de que se trataría de una provocación del gobierno de López Obrador, el investigador compartió una lectura distinta.
“Hay que reconocer que la demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos. Y el propio gobierno de Estados Unidos tiene sus propios problemas o temas con las empresas de armas”, señaló.
“Y yo creo que este es el momento para presionar a Estados Unidos a hacer más. Creo que muchas veces los gobiernos de México no utilizan el capital político que tienen en la relación bilateral con Estados Unidos”.
Eso sí, aclara Lindsay-Poland, la acción legal anunciada por el canciller Marcelo Ebrard no exime a México de hacer lo propio en el control de armas de fuego: por ejemplo, renegociar el arreglo para la información que comparte con Estados Unidos sobre el rastreo de armas para que le permita distribuir la información que hoy se mantiene confidencial, así como profundizar sus análisis sobre sus operativos donde han recuperado armas de fuego e identificar los elementos que conducen a la confiscación se armas.
“Yo creo que hay mucho que México puede hacer internamente”, opinó. “Creo que hay pasos que se pueden hacer en ambos lados”.
Sitio oficial de Stop US Arms to Mexico: stopusarmstomexico.org
