Comunicado de Prensa (English here)
4 de agosto de 2021 – En una acción sin precedentes, el Gobierno de México anunció una demanda en contra de algunas de las principales compañías productoras de armas de fuego en los Estados Unidos, por los daños cometidos al Gobierno y a víctimas de violencia armada en México, producto de la negligencia y falta de control sobre la distribución de estos artefactos mortales.
Tomar acciones contundentes ha sido una larga demanda de Stop US Arms, un proyecto de investigación y defensa de derechos humanos, especializado en el flujo de armas a México. En el año 2012, varias organizaciones y más de 50 víctimas de la “Guerra contra el Narcotráfico” del entonces Presidente Felipe Calderón recorrieron los Estados Unidos demandando acciones para detener a los productores de las armas responsables de la tragedia y a los bancos que lavan el dinero producto del narcotráfico.
De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de los Estados Unidos, más del 70% de las armas recuperadas y rastreadas desde 2010 a la fecha en México, tienen origen en los Estados Unidos. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Ejército Mexicano obtenidos por Global Exchange, la empresa Colt produjo 8,535 armas de fuego que fueron recuperadas por el Ejército Mexicano desde 2010. Smith & Wesson produjo 3,8881 armas de fuego que fueron recuperadas en el mismo periodo, al igual que 338 rifles Barrett recuperados en el mismo periodo.
El tráfico ilegal de armas es sólo una dimensión del problema. Mientras el Gobierno de México establece esta acción legal a favor de la paz, al mismo tiempo está a punto de concretar la compra de 5.5 millones de dólares en armamento a Sig Sauer, la compañía estadounidense-alemana que produjo y vendió las armas que usaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Gobierno del Estado de Tamaulipas en la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas en enero.
El Ejército mexicano es una de las pocas instituciones en el mundo que tiene control absoluto y monopólico sobre la producción, importación y comercialización de armas. La semana pasada, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Global Exchange y el Centro de Estudios Ecuménicos publicaron un informe (Armas Invisibles, Dolor Permanente) y una plataforma interactiva que documenta y mapea más de 16,000 armas extraviadas por policías y ejército mexicanos de 2006 a 2019.
El poder sobre las armas de fuego concentrado en el Ejército mexicano conlleva a una falta de transparencia que obstaculiza cualquier intento de fortalecer la lucha contra el comercio y el tráfico ilícito de armas.
Finalmente, tal como lo ha documentado el propio Gobierno Federal y la organización Intersecta A.C, el número de armas en manos de particulares creció a niveles históricos, se duplicó el uso de armas de fuego en homicidios contra mujeres y se incrementó el homicidio por arma de fuego contra mujeres en la vivienda privada. Esto es un problema no sólo de comercio, sino de género y salud pública.
La acción de hoy no salva las vidas de decenas de miles de personas perdidas a manos de organizaciones y criminales armados con equipo producido en los Estados Unidos. Pero demandar y obligar a las empresas de armas a responder al daño causado reconoce el problema y es motivo de reconocimiento y apoyo. Desde allí pugnamos también por la transparencia plena y otras acciones de prevención de violencia del gobierno.
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