Diego Flores Jiménez y Jorge Martínez Falcón, nexos
13 de agosto de 2021
A mediados del mes de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la pacificación del país era un desafío mayúsculo dentro del proyecto de nación. Así de relevante es el tema de seguridad en la agenda política, social y económica mexicana. En este sentido, desde 2019, el canciller Marcelo Ebrard manifestó que el tráfico ilícito de armas era más que nunca una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos. Desde entonces, el canciller subrayó que, para poder frenar o congelar estas actividades ilícitas, se tendría que coordinar una estrategia multidimensional-binacional, donde el tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero se atendieran como elementos relacionados entre sí.
Al recapitular sobre los esfuerzos de las dos naciones en esta materia, es obligatorio aprender de las estrategias de seguridad fallidas en las administraciones anteriores. Uno de los más emblemáticos fue el operativo Gunrunner (2005-2011), basado en el trasiego controlado de armas, que estuvo lejos de dar los resultados esperados. Asimismo, hay que reconocer que la Iniciativa Mérida, siendo un modelo asistencialista que otorgaba recursos a discreción y dictaba prioridades sin un diagnóstico puntual, no representó el proyecto de seguridad regional de gran calado que se anunció en la capital de Yucatán en 2008.
En los últimos 10 años se estima que llegaron a México, de manera ilícita, de 2.5 a 3 millones de armas. Desde entonces, los aseguramientos de armas de asalto han incrementado exponencialmente en un 122 %. Estas armas de alto poder, que en su gran mayoría cruzan por la frontera con Estados Unidos, son de uso militar. De enero a octubre de 2019, se aseguraron en un 48 % fusiles de alto poder, 28 % pistolas, 4 % revólveres, 3 % rifles y 11 % sin especificar. La mayoría de las armas cruzan por la frontera entre Tamaulipas y Texas. Tales cifras son alarmantes por el aumento en la presencia de este armamento, con las consecuencias y afectaciones en la paz social del país.
Hay un fenómeno en particular que revela claramente el origen de la violencia en México. Tiene dos vertientes: la primera es la llamada “guerra contra el narcotráfico”; la segunda, que tiene un impacto directo en la violencia armada, es la expiración en 2004 de la Federal Assault Weapons Ban (AWB, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, la cual impedía la manufactura de armas de asalto para uso civil.
A raíz de que concluyó esta prohibición a las armas de asalto —y está documentado—, inició un aumento en los niveles de la violencia armada año con año. Esta situación es fácilmente observable al revisar la producción de armas de fuego en Estados Unidos a partir de 2006, cuando la producción de rifles dio un salto de cerca de 10 000 a más de 80 000 en un período menor a un año.
Otro elemento que contribuye a este “río de acero” es el tráfico hormiga que desvela el poco control y regulación en la venta de armas —sobre todo en los estados fronterizos, donde hay disponibles más de 22 000 licencias y más de 9000 armerías—. Dicha práctica silenciosa es posible por medio de clientes falsos en el vecino país del norte, conocidos como “compradores de paja” o straw purchasers. Estos traficantes realizan diversas adquisiciones legales de armas de fuego y municiones en tiendas de Estados Unidos para revenderlas a miembros de cárteles dentro de ese país para ser trasladadas a México.
Una oportunidad clave para replantear las acciones y estrategias a seguir en seguridad fronteriza binacional es la priorización del tema de violencia armada que anuncia la administración Biden-Harris. Una serie de medidas inmediatas han sido desplegadas para atender esta situación.
En primer lugar, es importante resaltar el cambio de paradigma en el tema, que transita de una óptica de seguridad pública-policial a una enfocada en la salud pública y en los efectos de la violencia armada en las comunidades. Basta con observar la reincidencia de tiroteos masivos en Estados Unidos: de acuerdo con la organización Gun Violence Archive, de 2014 a 2021 se registraron alrededor de 2700 eventos de este tipo en el país vecino. Las cifras revelan una situación crítica: diariamente más de 360 personas son heridas, 106 fallecen y 53 mujeres son víctimas de violencia con armas de fuego. Ante ello, el gobierno estadunidense se ha propuesto invertir más de 5000 millones de dólares en programas comunitarios para frenar esta ola de violencia armada.
El presidente Biden ha instruido una serie de medidas al Departamento de Justicia, entre las que destaca el desarrollo de una legislación modelo para evitar que personas que puedan representar un riesgo para sí mismas y las demás tengan acceso a un arma de fuego. También se busca restringir las armas fantasmas, que son vendidas en línea, algunas impresas en 3D, sin número de serie y huella balística que permita su trazabilidad. Un ejemplo es California que, aun contando con normas estrictas para el control y regulación de armas, ha reportado un aumento de 50 % en su uso, según las investigaciones del último año. Además, se buscará reforzar normas relativas a los componentes y aditamentos que aumentan la letalidad de las armas de fuego que, con un simple dispositivo, dejan de ser rifles para considerarse “pistolas”.
Hay dos aspectos relevantes en cuanto a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). El primero es la realización de un estudio sobre el tráfico de armas; sería de interés primordial para nuestro país que contara con un apartado enfocado en la dinámica y flujos de armas (ilícitas) hacia México, para evaluar el flujo norte-sur. El segundo es la nominación de David Chipman para dirigir la agencia, debido a sus posiciones favorables al control de armas y sus antecedentes en una de las organizaciones más representativas en el tema en Estados Unidos: Giffords.
Esta nueva perspectiva permite hacer a un lado la recurrente concepción que hay en torno a la Segunda Enmienda, y plantear la posibilidad de establecer un diálogo renovado en donde pueda haber un mayor eco de la prioridad de la política exterior mexicana de detener el tráfico ilícito de armas, que alimenta la violencia e impide la pacificación del país. Es el momento histórico de plantear la responsabilidad compartida frente a este fenómeno.
Es por ello que, el pasado 4 de agosto, la Cancillería mexicana entabló una demanda contra armerías y distribuidores de armas de Estados Unidos en un litigio estratégico sin precedentes. Los argumentos son evidentes, ya que estas armas y municiones representan “el combustible” que incendia nuestro país en una ola de violencia desde hace más de una década. Las empresas en cuestión conocen los alcances de sus mercancías y deliberadamente no actúan de forma preventiva para evitarlo.
La demanda presentada por el Estado mexicano frente a la Corte de Distrito de Massachusetts es un paso decisivo en contra del tráfico de armas. Si esta querella procede en primera instancia, se posicionará en la agenda pública binacional una discusión necesaria referente al control y regulación de armas. En un segundo momento, si estas empresas son declaradas culpables por prácticas negligentes, no sólo tendrían que compensar económicamente al gobierno de México, sino que, lo que es más importante, tendrían que desarrollar e instrumentar mecanismos y procesos para prevenir el tráfico de su armamento a nuestro país, así como cambiar el enfoque de sus estrategias publicitarias con altos contenidos bélicos y elementos de la narcocultura.
Es de vital importancia destacar que esta demanda respeta la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense, y en ningún momento cuestiona el derecho a comerciar y portar armas. Es un litigio estratégico que destaca la seguridad humana y la solución pacífica de controversias basadas en los principios de esta administración y la política exterior mexicana. Es actuar por las víctimas, familias, comunidades y poblaciones que viven este flagelo generado por la violencia armada.
Diego Flores Jiménez y Jorge Martínez Falcón son directores en la Jefatura de Oficina del secretario de Relaciones Exteriores.
