Recientemente, fue desestimada una demanda hecha por México en el estado de Massachusetts hacia empresas manufactureras norteamericanas de armas, relacionada con los impactos que su venta indiscrimanada genera en la población mexicana, bajo el argumento de que los usuarios finales abastecen o son miembros de organizaciones criminales. Sin embargo, este 10 de octubre, el gobierno mexicano presentó una segunda demanda ante Cortes de Estados Unidos con argumentos similares, esta vez, en el estado de Arizona y enfatizando el tema del “tráfico hormiga”.
Ante las dudas sobre si procederán o no los reclamos mexicanos respecto de la interpretación legislativa de los daños de la industria armada hacia la población civil, parece pertinente señalar que estas demandas ya han cumplido una importante labor: poner en la mira internacional la cuestión sobre el rol de las empresas y los derechos humanos (bajo un contexto de violencia criminal).
La relavancia de ello requiere un poco de contexto.
