Ricardo Monreal, El Sol de México
5 de agosto de 2021
El tráfico ilícito de armas de fuego en la región norteamericana, específicamente su tránsito desde Estados Unidos de América hacia México, es uno de los temas más sensibles y que mayor atención requieren dentro de la agenda de cooperación bilateral. Sin embargo, la asimetría en la política de la venta de armamento entre los países incrementa la complejidad de encontrar soluciones eficaces a este problema.
En la Unión Americana existe una arraigada cultura de portación de armas, se trata incluso de un derecho consagrado en su Constitución, que ha sido defendido por los grandes fabricantes, pero también por un sector importante de la sociedad. Por eso, lejos de disminuir, el comercio de armas de fuego en el país del norte ha aumentado.
En 2011, por ejemplo, se realizaron 56 ferias de armas de fuego en aquella nación, y para 2019 este número había aumentado a 1264. Estos eventos son, en muchas ocasiones, el primer eslabón de la ruta de la pólvora, marcada por el tráfico ilícito de este tipo de armamento hacia nuestro país, fenómeno cuya comprensión requiere del conocimiento de dos momentos importantes en la historia.
El primero se dio en 2004, cuando la prohibición de armas de fuego que impedía la manufactura para uso civil de armas de asalto en Estados Unidos dejó de tener vigencia. Después de esta decisión, la producción de pistolas en el sur de ese país pasó de menos de 200 mil a casi 600 mil unidades anuales. El resultado de aquella política es un mercado en el que la oferta supera a la demanda, dejando un gran margen de maniobra para obtener armas de fuego que sean utilizadas para traficar.
El segundo momento se dio en México en 2007. Aquel año, el Ejecutivo federal decidió implementar la Estrategia Nacional de Seguridad, que consistía en enfrentar directamente a las organizaciones criminales, haciendo uso la fuerza. Esta fallida guerra, en conjunto con operaciones ilegales como Rápido y Furioso produjeron no solamente una escalada de violencia en el país, sino una gran demanda de armas de fuego —que en México son difíciles de conseguir— por parte de los grupos criminales.
La nocividad de la conjunción entre la explosión de la violencia, la laxitud para obtener un arma de fuego en Estados Unidos y la sobreproducción de éstas es evidente; hoy, el 70 por ciento de los homicidios en México se cometen con un arma de fuego, y el 70 por ciento de las armas decomisadas en territorio nacional tienen su origen en el vecino país del norte.
En materia de política exterior, es importante reconocer las acciones que el gobierno del presidente López Obrador ha emprendido para atender esta problemática. En noviembre de 2019, por ejemplo, se presentó el proyecto de acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas, en el cual se planteó institucionalizar el intercambio de información y establecer un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al comercio ilícito de armamento.
En esta propuesta del Gobierno federal, que es de la más alta prioridad para México, se sugirió la utilización de tecnología para impedir el acceso de armas a nuestro país en todos los puntos fronterizos, comenzando con la implementación de inspecciones en cinco puntos estratégicos: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Ciudad Reynosa y Brownsville-Matamoros.
Hoy en día resulta también primordial realizar un diagnóstico y establecer acciones que atiendan el tráfico ilícito de armas y la violencia que ha desencadenado en nuestro país, el cual se ha destacado por ser pacifista y mediador de conflictos. Con esto en mente, en julio de este año, presenté en el Senado de la República un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades mexicanas competentes a desarrollar un informe sobre el tráfico ilícito de armas de fuego a territorio nacional. Solamente con información veraz, acertada y oportuna podremos mejorar las estrategias para poner fin a este problema global.
Además, desde la mayoría parlamentaria de la Cámara Alta hemos hecho votos para fortalecer la cooperación interinstitucional en nuestro país, a fin de atender este problema. Por eso, desde mi posición de parlamentario, celebro las acciones promovidas por el Ejecutivo federal para exigir cuentas a los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, cuyo comercio ha sido considerado como negligente y pernicioso para la paz y la tranquilidad del pueblo de México.
Es importante dejar en claro que no se trata de encontrar culpables, sino de alcanzar soluciones conjuntas. La violencia provocada por la proliferación de armas de fuego no lastima únicamente a México. En Estados Unidos, durante los primeros cinco meses de 2021, el uso de este tipo de armamento costó la vida a 8100 mujeres y hombres, y los tiroteos masivos detonados por la xenofobia y el racismo también van en aumento. Sin ir muy lejos, el pasado 3 de agosto se cumplieron dos años de la sangrienta masacre en El Paso, Texas: un crimen perpetrado contra la población hispana en el cual más de veinte personas fueron asesinadas.
Debemos seguir fortaleciendo la ruta del trabajo conjunto a nivel nacional e internacional. Sólo así podremos recuperar la paz en ambos lados de la frontera; sólo así limitaremos el riesgo de que un arma de fuego llegue a las manos equivocadas para infligir un daño irreversible. Vale la pena intentarlo.
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