- El Poder Ejecutivo pretende confirmar a la Guardia Nacional como un cuerpo militar destinado para la seguridad civil federal, militarizando de facto la seguridad pública del país.
- La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se opone a las recomendaciones internacionales en torno a la participación activa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, perpetúa el ambiente de impunidad y violación generalizada de los derechos humanos y abona en el incremento de la violencia de género y la violencia letal perpetrada por armas de fuego.
- La iniciativa que se encuentra en el Senado pasa por alto la Constitución y la evidencia que demuestra una correlación entre la militarización, el aumento de la violencia, particularmente la violencia armada, y violaciones a derechos humanos en los últimos quince años.
- #PazSinArmas se suma a la exigencia de fortalecimiento de la vía civil para la procuración de seguridad, justicia y construcción de paz.
México, a 7 de septiembre de 2022. Desde la red #PazSinArmas, conformada por más de 20 organizaciones, colectivos y personas de la academia interesadas en reducir la presencia e impacto de las armas de fuego en México, expresamos nuestra profunda preocupación por la iniciativa de incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional que actualmente se encuentra en el Senado.
El gobierno federal se ha comprometido a proporcionar verdad y justicia, así como garantías de no repetición a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, la iniciativa de que la Guardia Nacional (GN) se encuentre bajo el mando operativo y dependencia administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) resulta contraria a los compromisos internacionales de los que México es parte y a la reforma constitucional del 2020, que establece una GN que debería ser de carácter civil y el regreso de los militares a sus cuarteles para 2024.
La evidencia de los últimos 15 años apunta al aumento de la violencia letal perpetrada con armas, así como de las graves violaciones a derechos humanos que la estrategia de seguridad militarizada ha traído consigo. En 2007 México tenía una tasa de 8 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, para 2021 se contabilizaron 27 asesinatos por cada cien mil habitantes; además, 7 de cada 10 homicidios dolosos se cometen con un arma de fuego, según las cifras del SESNSP.
Desde 1998 a la fecha, diversos organismos internacionales han señalado los impactos negativos de la militarización en México a través de la emisión de 20 recomendaciones, en las cuales se señala claramente el impacto de asignar atribuciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas en el aumento de violaciones a derechos humanos en el país. De enero del 2006 a noviembre de 2021 la CNDH ha emitido 138 recomendaciones que señalan a miembros de la SEDENA como presuntos responsables de haber perpetrado privaciones graves a la libertad, torturas, asesinatos, violencia sexual y/o despariciones forzadas.
Según cifras del SESNSP, desde que comenzó la estrategia de seguridad militarizada los homicidios con armas de fuego contra mujeres han aumentado al doble. La militarización de la seguridad conlleva una diferenciación en materia de género en donde las mujeres son más propensas a ser detenidas arbitrariamente y sufrir agresiones sexuales a manos de las fuerzas armadas, en un modelo hiper-masculinizado y patriarcal que enfatiza el uso de la fuerza letal y las armas de fuego como los medios más apropiados y eficaces para resolver problemas.
Aunque organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y diversos colectivos han intentado en repetidas ocasiones asegurar que la presencia de militares es clave para disminuir los niveles de violencia ante la proliferación del crimen organizado, la evidencia ha demostrado que esto es falso. La presencia de personal castrense en las calles ha incrementado el número de violaciones graves a derechos humanos y maximizado otras violencias. La propuesta actual concerniente a la Guardia Nacional no hace sino exacerbar una estrategia fallida y sus funestas consecuencias sobre la vida, dignidad y seguridad de las personas y las comunidades del país.
Durante la 8° Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercialización de Armas, el Estado Mexicano reiteró el monopolio de la SEDENA en torno a la verificación de armas de importación. Igualmente, en mayo de este año, el presidente López Obrador señaló que habría un aumento en la producción de armas por parte de la SEDENA. Con la GN bajo el mando de esta secretaría, armamento que anteriormente era de uso exclusivo del ejército será utilizado de forma oficial para la seguridad pública. Este poder de fuego no nos ha protegido, sólo ha llevado a más violencia y efectos nocivos. La seguridad civil no se procura por medio de materiales de guerra.
Con la asignación a SEDENA del control de las aduanas y a SEMAR el manejo de los puertos, junto con la incorporación de la Guardia Nacional a SEDENA, los militares asumen casi toda la responsabilidad operativa para detener el tráfico internacional de armas, sin ninguna evidencia de que los militares controlan ese tráfico ilícito mejor que dependencias civiles. Al contrario, en su primer año de función, la Guardia Nacional aseguró solamente la mitad del número de armas que la Policía Federal había asegurado anualmente en años anteriores.[1]
La SEDENA mantiene un opaco monopolio de la compra y producción de armas en el país, y se carece de mecanismos civiles de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre las instituciones de seguridad.
Preguntamos al Gobierno: ¿cómo van a cumplir con los objetivos de reducir el tráfico de armas con estas medidas que solo aumentan la discrecionalidad de la SEDENA?
Por lo anterior, exhortamos a las autoridades competentes a revertir la creciente militarización y detener cualquier reforma que profundice la adopción del modelo militar, además de fortalecer la vía civil como el medio más idóneo para la procuración de la seguridad y la construcción de paz.
[1] Respuesta a solicitud de información 332259822000273
