John Lindsay-Poland*, El Economista
12 de octubre de 2022
El 30 de septiembre, el juez federal Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México contra once fabricantes de armas en Estados Unidos por sus prácticas negligentes que promueven el tráfico ilícito de esas armas. México anunció de inmediato que va a apelar.
El 10 de octubre, México interpuso otra demanda contra cinco armerías en Arizona cómplices en el tráfico hacia México de armas de alto poder, instrumentos de daños devastadores.
El mercado de armas en Estados Unidos es enorme, militarizado y permisivo, con miles de armerías en Texas, Arizona y California. Por lo menos 70% de todas las armas ilícitas recuperadas en México y monitoreadas vienen de Estados Unidos. La venta libre de fusiles de asalto y para francotiradores representa una oferta obvia para organizaciones que utilizan la violencia en México para controlar y disputar mercados ilícitos. Un estudio de la Universidad de San Diego estimó que 250,000 armas de fuego pasan ilegalmente por la frontera a México cada año. Ya hay más homicidios en México con armas de Estados Unidos que los que hay en Estados Unidos.
El juez Saylor citó legislación federal que blinda a las armerías contra los efectos destructivos del uso de armas. La apelación de México pondrá a prueba si esa ley puede aplicarse extraterritorialmente por daños causados en México.
Las políticas de armas, drogas y migración de Estados Unidos son perfectas para el modelo de negocio de las organizaciones criminales. Por un lado, la militarización de la frontera para frenar el flujo de drogas y de migrantes hacía Estados Unidos hace que los precios de las drogas y del tráfico de migrantes aumenten enormemente. La fácil disponibilidad de armas de alto poder en Texas y Arizona facilita el control y la disputa por esos mercados en México. El aumento del armamento importado legalmente a México para uso policial, cuando las autoridades se coluden con la delincuencia, empodera aún más a los criminales coludidos, al mismo tiempo que aumenta el índice letal de los enfrentamientos entre agentes estatales y no-estatales.
Pero la prioridad que ambos países ponen en el comercio legal, institucionalizado con los tratados de libre comercio bilaterales, genera un enorme, dinámico e ilícito tráfico por la frontera, con docenas de miles de camiones, contenedores y carros cruzando diariamente. En ese flujo, la eficacia de estrategias enfocadas en detectar y confiscar armas de fuego en la frontera es muy limitada, tal como hemos visto durante las décadas de la guerra contra las drogas. Es más, la narrativa racista de que la violencia y males vienen del sur y no de Estados Unidos ha arraigado la infraestructura paramilitar y tecnológica contra flujos del Sur al Norte, con poco interés en las armas que van a México.
Las demandas de México contra armerías en Estados Unidos representan un paso importante. Ponen en la mira la responsabilidad de los que lucran de las armas usadas en la violencia y pueden tener resultados jurídicos y en los debates públicos. Pero no son suficientes.
Más de una de cada cuatro armas aseguradas en México desde 2016 fueron importadas a Estados Unidos antes de ser compradas en armerías y traficadas a México. El presidente Biden puede volver a reclasificar las armas de asalto, tal como hizo Bill Clinton y así prohibir su importación a Estados Unidos. Lo puede hacer sin recurrir al Congreso, donde muchos temas se estancan.
Es evidente que muchos actores necesitan voluntad política para frenar el flujo de armas que destruyen tantas vidas en México, en Estados Unidos y aún en otros países.
