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Ficha informativa: La demanda del gobierno mexicano a empresas de armas y sus implicaciones en la política de Estados Unidos hacia México

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El siguiente es un resumen de la demanda del gobierno mexicano contra empresas estadounidenses y de sus posibles implicaciones más amplias para la política de seguridad estadounidense y las exportaciones legales de armas a México.

Resumen de la demanda del gobierno mexicano

El 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda en un Tribunal Federal de los EE. UU. en Massachusetts contra 10 fabricantes y distribuidores de armas de EE. UU, cuyas armas se han utilizado en miles de homicidios y otros delitos violentos en México contra personas mexicanas y migrantes.

La demanda argumenta que las empresas de armas estadounidenses son conscientes de que sus ventas generan y facilitan el tráfico ilícito de estas armas de fuego a México y de que llevan a cabo estrategias de publicidad negligente e ilegal, lo cual ha provocado un “daño público” por la venta y tráfico ilegal que contribuyen al aumento de la violencia armada en México. La demanda no es contra el gobierno de los Estados Unidos ni contra la Segunda Enmienda. La demanda busca cambios en la forma en que las compañías de armas hacen negocios y generan daños monetarios al gobierno mexicano.

Más del 70% de todas las armas de fuego recuperadas y rastreadas en escenas de crimen en México provienen de Estados Unidos, según datos oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF). El setenta por ciento de los homicidios con armas de fuego en México son mayores al total de todos los homicidios con armas de fuego en los Estados Unidos, incluso en 2020, un año de crecimiento sin precedentes en la violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

Debido a que la demanda se refiere a daños fuera de los Estados Unidos, en territorio mexicano, las disposiciones de la Ley PLCAA (Ley de Protección al Comercio Legal de Armas), que protegen a las empresas estadounidenses de daños en los Estados Unidos relacionados con las armas de fuego que producen, no se aplican en este caso.

La demanda incluye a las empresas estadounidenses fabricantes de armas que se recuperan con mayor frecuencia en México:

  • Colt’s Manufacturing. Más de 8.535 armas de fuego Colt, incluidos al menos 2.317 rifles de asalto, han sido recuperadas por el ejército mexicano en escenas del crimen desde 2010.*
  • Smith & Wesson, con sede en Massachusetts. Se han recuperado más de 3,881 armas de fuego Smith & Wesson en México desde 2010.
  • Beretta U.S.A. Empresa estadounidense-italiana que importa pistolas para el mercado minorista estadounidense y fabrica armas de fuego en Maryland. Se han recuperado más de 2,483 armas de fuego Beretta en México desde 2010.
  • Century International Arms. Una empresa que importa, produce y exporta rifles de asalto, incluida el arma utilizada en la masacre en El Paso, Texas en 2019. Más de 985 armas de fuego de Century, en su mayoría rifles de asalto, se han recuperado en México desde 2010.
  • Sturm Ruger & Co. Más de 3,373 armas de fuego Ruger, incluidos al menos 869 rifles de asalto, se han recuperado en México desde 2010.
  • Glock Inc. Es una empresa austriaca-estadounidense que produce pistolas en Georgia e importa pistolas para el mercado minorista de EE. UU. Se han recuperado más de 979 pistolas Glock en México desde 2010.
  • Barrett Firearms. Fabricante de un rifle de francotirador calibre .50 que se vende a civiles en 47 estados en tiendas de armas y ferias de armas, también es uno de los acusados. Los rifles Barrett calibre .50 pueden derribar helicópteros y disparar más de una milla. Más de 338 fusiles Barrett de este tipo se han recuperado en México desde 2010.

La demanda ha sido aceptada por el tribunal federal. Los acusados ​​tienen hasta el 22 de noviembre para presentar sus respuestas iniciales. México tendrá entonces hasta el 31 de enero para responder y los acusados ​​tendrán hasta el 28 de febrero para responder a la respuesta de México. Se espera que el litigio dure varios años.

Exportaciones legales de armas de EE. UU. Y asistencia de EE. UU. A México

El Congreso supervisa las licencias de armas de fuego exportadas legalmente a México, y también debe ejercer dicha supervisión para evitar que las armas vayan a las unidades de seguridad pública implicadas en graves abusos de derechos humanos y connivencia con el crimen organizado. Policías y militares recibieron armas estadounidenses exportadas legalmente que se utilizaron para cometer atrocidades, entre ellas la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros en la localidad de Ayotzinapa, estado de Guerrero; la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas en enero de 2021; y muchas más tragedias documentadas en México. 

Un estudio reciente de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Stop US Arms to Mexico encontró que 16.685 armas fueron perdidas por o robadas a las fuerzas armadas mexicanas y la policía estatal entre 2006 y 2019. Por otro lado, las violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas rara vez son investigadas y procesadas en México.

Sig Sauer, que no se menciona en la demanda del gobierno mexicano, es una empresa de propiedad alemana que produce y exporta pistolas y rifles militares desde New Hampshire. Sig Sauer, Inc. solicitó al Departamento de Estado una licencia para la venta de miles de rifles automáticos por $5.5 millones de dólares a la Marina de México, una fuerza que ha estado implicada en decenas de desapariciones forzadas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en 2018.

La creciente militarización de la seguridad pública en México, respaldada por exportaciones y políticas estadounidenses, ha dado lugar a un círculo vicioso de creciente violencia, impunidad y violaciones de derechos humanos. La asistencia de seguridad de Estados Unidos y las exportaciones de armas legales a México necesitan una reforma seria, a la luz de la falta de garantía de que las armas estadounidenses no lleguen a las fuerzas policiales y militares mexicanas que han cometido violaciones de derechos humanos.

Recomendaciones para la Administración Biden y el Congreso de los Estados Unidos:

  • Poner fin a las ventas de armas de EE. UU. a México hasta que se establezcan controles de uso final confiables y efectivos y EE. UU. pueda certificar con seguridad que estas armas no se utilizarán para cometer abusos graves de los derechos humanos o en connivencia con el crimen organizado.
  • Devolver la supervisión de las exportaciones de armas de fuego del Departamento de Comercio al Departamento de Estado. 
  • Aprobar la prohibición federal de armas de asalto, HR1808.

Recursos adicionales sobre la acción legal del gobierno mexicano.

Más información:

Marco Castillo, Global Exchange: +1646-826-9834, marco@globalexchange.org
John Lindsay-Poland, Stop US Arms to Mexico: +1510-282-8983, johnlindsaypoland@gmail.com
Daniella Burgi-Palomino, Latin America Working Group: dburgipalomino@lawg.org

 

 

*Las estadísticas sobre armas recuperadas en México son del periodo del 1 de enero de 2010 al 16 de marzo de 2021, basados en datos del Ejército Mexicano (Secretaría de la Defensa Nacional), en respuesta a solicitudes de información pública elaboradas por Stop US Arms to Mexico. No fue posible identificar la marca de más de 45% de las armas recuperadas por el Ejército. Otras miles de armas ilícitas fueron recuperadas por otras dependencias durante este periodo, donde no fue posible identificar la marca. Además muchas armas traficadas ilegalmente a México no son recuperadas por las autoridades. Estos números, por lo tanto, representan una fracción del total de armas traficadas fabricadas por las compañías demandadas.