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Por: Gerardo Álvarez, México Unido Contra la Delincuencia
18 de enero de 2025, Animal Político

Una campaña de desarme bien diseñada puede traer distintos beneficios, pero es importante que se inserte en una política de control de armas más integral, pues un único programa es insuficiente para resolver el problema de la disponibilidad indiscriminada de armas y la violencia armada.

El pasado 6 de enero, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó los lineamientos del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz en el Diario Oficial de la Federación. Señaló que su objetivo es “contribuir en la prevención y disminución de las lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios, así como cualquier otro delito o expresión de violencia en general, como producto de la manipulación o uso de armas de fuego”, a través de la reducción de la cantidad de armas de fuego y municiones en circulación.

El programa exhorta a la población a entregar cualquier tipo de armamento en su posesión a cambio de un estímulo económico. El intercambio será voluntario, anónimo y sin consecuencias jurídicas, de acuerdo con los lineamientos.

Los programas de desarme voluntario no son una novedad en México. En 2023, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó haber recibido 5,336 armas de fuego a través de programas de canje. En 2022, esta cifra fue de 6,168 armas; en 2021, de 1,167; en 2020, de 1,662; en 2019, de 7,146; y en 2018, de 4,443.

Estas cifras resultan insignificantes si se contrastan con los estimados más conservadores de la cantidad de armas de fuego en manos de civiles en el país (16.8 millones), así como del tráfico ilícito proveniente desde la frontera norte (200,000 armas anuales). De esta manera, uno de los grandes retos de Sí al Desarme, Sí a la Paz será lograr un aumento considerable en la recolección de armamento, por lo que los reportes sobre el desplazamiento continuo de la campaña por las distintas entidades federativas del país son, en este sentido, una buena noticia.

El otro gran reto del programa no está relacionado con la cantidad, sino con las características del armamento recuperado. La evidencia disponible sugiere que el impacto de los programas de canje de armas se ve limitado por cuestiones como la tendencia a recuperar armas de fuego desproporcionadamente viejas, inutilizables, de bajo calibre o muy distintas a aquellas utilizadas frecuentemente en delitos. Por otro lado, una barrera adicional a la efectividad de este tipo de acciones institucionales tiene que ver con el hecho de que son los adultos de mediana edad o mayores quienes suelen acudir a canjear armas, mientras que la población de adultos jóvenes, el grupo etatario con mayor probabilidad de ser víctima o victimario de violencia armada, tiende a no participar.

Así, el diseño de los programas de desarme voluntario cobra gran relevancia. De acuerdo con Braga y Wintemute, este tipo de programas deben centrarse en la obtención de armas de “alto riesgo”. Estos especialistas en medicina preventiva estudiaron la dinámica de distintos programas de canje en Boston, Massachusetts, y reportaron que un programa será más exitoso si: 1) se incrementan los estímulos económicos; 2) se solicita prueba de residencia; 3) se establecen puntos de recolección que no sean departamentos de policía, y 4) se lleva a cabo una campaña de comunicación dirigida y focalizada. En suma, argumentan que el diseño de los programas puede influenciar el tipo de armas entregadas por los participantes, lo que impacta su efectividad. En este contexto, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz resulta sumamente ambivalente, ya que combina, por ejemplo, centros de entrega en iglesias con la presencia de militares.

Sin duda existen áreas de oportunidad para mejorar el programa. Por ejemplo, los lineamientos no establecen mecanismos de medición y evaluación que permitan ilustrar el impacto —de haberlo— del programa en las dinámicas de violencia e inseguridad. El informe ¿Qué funciona para reducir los homicidios en América Latina y el Caribe?, sostiene que no existe evidencia en América Latina y el Caribe de que los programas de desarme sirvan para reducir los homicidios. Los autores llegan a esa conclusión porque las evaluaciones disponibles (en Argentina y Brasil) presentan fallas metodológicas, como la dependencia en variables indirectas o el uso de series temporales muy cortas. Sí al Desarme, Sí a la Paz podría evitar estos problemas al enfocarse, desde el inicio, en la comprobación empírica de su éxito y alcances.

Si bien no contamos con evidencia concluyente de la efectividad de este tipo de programas en la reducción de la violencia y la inseguridad, sí existe evidencia de que éstos pueden servir a otros propósitos, como concientizar a la población sobre los riesgos de la posesión de armas de fuego; conectar a personas participantes con servicios públicos; promover la educación sobre posesión segura de armas, y construir coaliciones entre agencias gubernamentales y grupos comunitarios.

Otra cuestión importante está en que el programa omite por completo a las autoridades sanitarias, pese a que la Secretaría de Salud ya se adentra en estos temas, pues es la autoridad encargada de reportar las lesiones cometidas con arma de fuego. En Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de los estudios que evalúan estos programas son elaborados por especialistas en medicina preventiva o con su participación. La violencia armada también es un asunto relacionado con la salud pública, la epidemiología y los determinantes sociales de la salud, por lo que resulta esencial incluir en estos esfuerzos a instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y universidades públicas en estos esfuerzos.

Es inviable que un programa de desarme por sí solo resuelva el problema de la amplia disponibilidad de armas de fuego en México. Por esta razón, es fundamental que la iniciativa Sí al Desarme, Sí a la Paz se integre como parte de una política integral de control de armas que refuerce las capacidades de registro, rastreo e investigación del Estado. En este contexto, la discusión amplia y democrática de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el presidente López Obrador en septiembre pasado y actualmente en manos de la Cámara de Diputados, representa una valiosa oportunidad para avanzar en este objetivo, siempre que integre la visión de académicos, expertos, defensores de derechos humanos y víctimas de la violencia armada.

* Gerardo Álvarez es egresado de Derecho por el ITAM. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.