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9 de diciembre de 2020

Durante el sexenio de Peña Nieto, la Sedena -bajo el mando de Salvador Cienfuegos- importó más de 110 mil armas y las vendió, entre otras, a corporaciones implicadas en violaciones a los derechos humanos. Los grupos criminales, por su parte, no se quedaron atrás.

Bajo el mandato de Salvador Cienfuegos Zepeda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultó un buen aliado de la industria global del armamento: importó y vendió 110 mil 696 armas de fuego a las policías estatales y locales en todo el país, incluso a las corporaciones responsables de violaciones graves a derechos humanos, como las involucradas en la desaparecieron forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las organizaciones criminales no se quedaron con los brazos cruzados: cada hora, ingresaron a México una treintena de armas de fuego por la frontera con Estados Unidos –un total de entre 2.2 y 3 millones de armas en los últimos 10 años–, y además recuperaron parte de las más de 15 mil armas que diversas autoridades mexicanas reportaron como “robadas” o “extraviadas” en los últimos 15 años.

Tan sólo FN Herstal, la principal empresa de la industria del armamento de Bélgica –es propiedad del gobierno de Valonia–, vendió por 102 millones de euros de armas a México desde 2008, entre ellos 50 millones de euros en los últimos cinco años.

Las decenas de cargamentos que envió incluyeron 4 mil 197 ametralladoras Minimi y 748 ametralladoras de calibre .5 modelo M2HB. Uno de sus productos, el FN Five-seveN, es usado tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos criminales, que lo apodaron “el matapolicías”.

Tanto la Sedena como las empresas distribuyeron armas a sabiendas que las policías que las usarían tenían historiales de violaciones a derechos humanos y colusión con grupos del crimen organizado, según halló esta investigación, publicada en el marco del Proyecto Cartel, un proyecto realizado por 60 periodistas de 25 medios en 18 países del mundo, incluyendo Proceso, y coordinado por Forbidden Stories.

En México, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, al menos 86 periodistas fueron asesinados por arma de fuego en los últimos 20 años; en esta lista funesta figuran Miroslava Breach Velducea (Chihuahua), Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa) o, recientemente, Jesús Alfonso Piñuelas (Sonora), Arturo Alba Medina (Chihuahua) o Israel Vázquez, en Salamanca (Guanajuato).

Al menos dos periodistas, José Armando Rodríguez Carreón y Jaime Guadalupe González Domínguez, asesinados en 2008 y 2013 en los municipios chihuahuenses de Ciudad Juaŕez y Ojinaga, respectivamente, murieron por armas de fabricación europea.

Israel Vázquez fue asesinado el pasado 9 de noviembre pasado; estaba a punto de realizar un enlace en vivo para informar sobre el hallazgo de restos humanos en el bulevar Villa Salamanca. Las autoridades estatales detuvieron a presuntos sicarios y decomisaron varias armas, entre ellas rifles fabricados por empresas de Estados Unidos, Israel, Turquía y Alemania.

Control de la Sedena

En México, la Sedena tiene el control absoluto del comercio legal de armas en el país: es la única instancia facultada para producir, importar y tener un registro de las armas; también es la única que puede venderlas a corporaciones policacas, empresas privadas e individuos; y tiene un monopolio sobre la entrega de permisos.

“Ninguna otra nación del mundo concentra tanta autoridad para la adquisición, la distribución y el control de armas en una sola institución militar”, planteó el informe Comercio Letal, publicado hoy por un grupo de organizaciones mexicanas e internacionales y compartido de manera exclusiva a Forbidden Stories.

La Sedena tiene la obligación de informar a las empresas de armamento sobre el destino de cada arma; para ello, elabora un documento llamado Certificado de Usuario Final. La organización Stop US Arms to Mexico –que aboga por el cese del tráfico de armas entre Estados Unidos y México– analizó 9 mil recibos y certificados de usuario final elaborados por la Sedena.

Determinó que, a menudo, la dependencia no cumple con sus obligaciones: de las 205 mil 340 armas compradas a empresas europeas entre 2008 y 2018, la Sedena solo entregó 44 mil 293 certificados, es decir, menos de una cuarta parte. Así, la Sedena no entregó un solo certificado sobre las 28 mil 156 pistolas Beretta que vendió a distintas policías entre 2014 y 2018, y ellos a pesar de que la empresa italiana envió material a Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

Y no solo esto: John Lindsay Poland, el director de Stop US Arms to Mexico, dice a Forbidden Stories la Sedena plantea “sistemáticamente” que el arma estará destinada al ejército, “incluso cuando estas armas terminarán en manos de policías locales y estatales”, entre ellos los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua, que tienen restricciones para conseguir armas en varios países.

“La detención de Cienfuegos, junto con otra evidencia que tenemos, sugiere que la corrupción en el comercio de armas en México es sistémica”, estima el experto, en referencia al arresto del general, ocurrido en octubre pasado en Los Ángeles, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputaba la fiscalía, con información de la DEA.

Tras un intenso e inédito cabildeo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía estadunidense abandonó los cargos y mandó al militar de regreso a México, en libertad. Según la DEA, Cienfuegos trabajaba de la mano con una célula del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, bajo el apodo de “El Padrino”.

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Arriba: La Sedena importó y vendió 110 mil 696 armas de fuego a las policías estatales y locales en todo el país. Foto: Miguel Dimayuga